Derecho

13 de diciembre de 2017

La importancia de la empresa en el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Antes de la firma del Acuerdo y hasta el día de hoy se han publicado varias contribuciones sobre la importancia de la Empresa en el posconflicto

Ha pasado un año desde que se firmara, el 24 de noviembre del año 2016, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Antes de la firma del Acuerdo y hasta el día de hoy se han publicado varias contribuciones sobre la importancia de la Empresa en el posconflicto[1].

En efecto la “Empresa”, entendiendo por ella no sólo las empresas existentes sino también aquellas que se pueden llegar a crear, asume un rol fundamental. Corolario de lo antes dicho es que también los “Empresarios”, como representantes de un sector de la sociedad, tienen una función importante para el desarrollo y cumplimiento del Acuerdo.

Por esta razón he querido revisar atentamente el contenido del Acuerdo Final para conocer en forma concreta los deberes y derechos que el Gobierno Nacional le ha asignado a las empresas y a los empresarios en el Acuerdo, así como las políticas dirigidas a la creación de empresa, con el fin de recordarlos y de divulgar su conocimiento entre quienes se dedican a asesorar empresas para que hagan su contribución al cumplimiento del Acuerdo.

En el punto Nº 1 dedicado a la Reforma Rural Integral, se establece:

  1. Como uno de los principios que guían el desarrollo integral del campo, la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial.
  1. La concertación y el diálogo social entre las empresas del sector privado que adelantan sus actividades económicas en los territorios rurales, y los demás actores involucrados en los conflictos de tenencia y uso de las tierras. Piénsese por ejemplo en un conflicto de tenencia por la tierra que exista entre una empresa y los campesinos de una región. Este diálogo también debe darse para fortalecer la producción alimentaria, la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad.
  1. En aplicación del principio indicado en el punto uno, se establece también que dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se deberá procurar el desarrollo de la economía campesina y familiar por medio de diversas formas asociativas, sean estas cooperativas, mutuales, micro-empresariales, entre otras.
  1. La capacitación de las empresas, como también de los trabajadores agrarios sobre las obligaciones y derechos laborales y el fomento a la cultura de la formalización laboral, como consecuencia del Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales del Gobierno Nacional.

En el punto Nº 2 concerniente a la Participación política:

  1. Se señala la importancia del control y la veeduría ciudadana para lograr la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos. Con miras a dicho propósito el Gobierno se compromete a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos de elección popular a nivel nacional, departamental y municipal, como también de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios.

En el punto Nº 3 referido al Fin del Conflicto:

  1. Se comprende, dentro del marco de la política de lucha contra las organizaciones criminales, la necesidad de implementar un mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada para garantizar que su uso corresponda a los fines para los que fueron creados, enfatizando en la prohibición a la privatización de funciones militares, de policía, o inteligencia. Asimismo se establece la necesidad de revisar la normatividad sobre la seguridad y vigilancia privada y se adoptarán varias medidas con relación a esta clase de empresas.

En el punto Nº 4 dirigido a Solucionar el Problema de las drogas ilícitas:

  1. Se establecen programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo de gran importancia la promoción de la empresa, cualquiera sea la forma asociativa adoptada, con el fin de generar empleo en las zonas implicadas.
  1. También, dentro del punto Nº 4, se establece que se regulará y tomarán algunas medidas para que las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de insumos y precursores químicos usados en la producción de drogas ilícitas se comprometan a adoptar medidas de transparencia y controles de uso final de insumos, con el fin de resolver el fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

En el punto Nº 5 titulado: “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”

  1. Se prevé la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que debe evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a distintos sectores de la sociedad, incluyendo a los empresarios como víctimas del conflicto.

Por último, en el punto Nº 6 sobre la Implementación, Verificación y Refrendación del Acuerdo Final:

  1. Se menciona la necesidad de promover la participación del sector empresarial para garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados.

Como podemos apreciar se trata de una serie de actuaciones concretas, muchas de las cuales a pesar de que se encuentran enmarcadas dentro de programas de iniciativa del Gobierno Nacional, no necesitan realmente de la intervención del Gobierno para que comiencen a ser desarrolladas por las Empresas.

Seguramente si hicieramos este mismo ejercicio en el sector en el que nos desenvolvemos vamos a encontrar que nuestra contribución también puede ser muy importante, independientemente de si estamos o no de acuerdo con el texto del Acuerdo Final.


[1] Dentro de las cuales se destaca la “Guía para Construir Paz desde el Sector Empresarial en Colombia”, elaborada por la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo de la Embajada británica en Colombia.