LA NUEVA PRÓRROGA DEL REGLAMENTO DE LA UE CONTRA LA DEFORESTACIÓN (EUDR): ALCANCE, TENSIONES Y EFECTOS ESPERADOS EN AMÉRICA LATINA

Por: Ligia Catherine Arias-Barrera, Ph.D.*

La Unión Europea anunció una nueva prórroga de un año en la entrada en vigor de su Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR). La implementación, prevista para diciembre de 2025 tras un primer aplazamiento, se desplaza ahora hasta finales de diciembre de 2026, debido a problemas persistentes con los sistemas informáticos necesarios para tramitar las declaraciones de diligencia debida de operadores que comercializan materias primas como aceite de palma, soya, carne de res, cacao y madera en el mercado europeo. Se trata del segundo aplazamiento consecutivo de una norma que, en su diseño original, debía regir desde diciembre de 2024.

La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, señaló que la infraestructura digital para gestionar el volumen y la complejidad de datos aún no está operativa, y que precipitar la aplicación generaría disrupciones severas en las cadenas de suministro. Aunque la Comisión niega que las consideraciones comerciales expliquen la decisión, es innegable la presión sectorial y de socios comerciales relevantes (Brasil, Indonesia, Estados Unidos), que han subrayado los costos de cumplimiento y el potencial impacto sobre sus exportaciones. La Comisión también reconoce “múltiples solicitudes de simplificación” por parte de empresas, lo que revela un trasfondo regulatorio de carga administrativa y procedimientos percibidos como complejos.

Las reacciones se reparten entre la satisfacción y la crítica. El Partido Popular Europeo (PPE) y varios gobiernos nacionales aplauden la prórroga, alegando que el EUDR impone cargas onerosas y desproporcionadas a pequeños productores, silvicultores y pymes, y reclaman simplificaciones sustantivas. En contraste, ONG ambientales y analistas, incluidos WRI y WWF, expresan profunda decepción, advirtiendo que las dilaciones repetidas erosionan la credibilidad climática de la UE y debilitan la protección frente a la deforestación global, en un contexto de máximos históricos recientes.

Puntos Clave del Reglamento de la UE contra la Deforestación (EUDR)

El Reglamento (UE) 2023/1115 constituye una normativa pionera que condiciona el acceso al mercado europeo a la garantía de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal. La regulación abarca siete materias primas y sus Derivados, ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, caucho, soya y madera, estableciendo un marco jurídico que transforma la forma en que se estructuran y controlan los flujos comerciales internacionales.

Para introducir estos productos en el mercado de la UE, las empresas deben cumplir tres condiciones esenciales:

1. No Deforestación: Los bienes deben proceder de tierras que no hayan sido deforestadas ni degradadas después del 31 de diciembre de 2020 (incluye la degradación forestal para productos madereros).
2. Legalidad: Las operaciones deben ajustarse a la legislación aplicable en el país de origen (normas ambientales, uso del suelo, derechos laborales, consentimiento libre, previo e informado, legislación fiscal y anticorrupción).
3. Diligencia Debida: Las empresas deben presentar una declaración electrónica a través de la plataforma digital de la UE, incluyendo la geolocalización exacta de las parcelas de producción, pruebas de legalidad y un análisis de riesgos.

El Reglamento establece un proceso de diligencia debida estructurado en tres fases: la recopilación de información, que exige la identificación detallada de la cadena de suministro, la documentación que acredite la legalidad y la ubicación georreferenciada de las parcelas de producción; la evaluación de riesgos, basada en la clasificación definida por la UE que determina si el país de origen se encuentra en una categoría de riesgo bajo, estándar o alto; y la mitigación, que obliga a las empresas a implementar medidas correctivas como auditorías, la presentación de documentación adicional o el cambio de proveedor en caso de identificarse riesgos de deforestación o degradación forestal.

En cuanto al régimen de sanciones, el incumplimiento puede implicar multas de al menos el 4% de la facturación anual en la UE, la confiscación de productos e incluso la exclusión temporal o definitiva del mercado europeo. Finalmente, todas las actividades de cumplimiento se concentran en un sistema de información centralizado de la UE, en el cual las empresas registran los datos de geolocalización y presentan sus declaraciones. Esta plataforma funciona como una herramienta de trazabilidad y control para las autoridades nacionales, fortaleciendo tanto la transparencia como la eficacia regulatoria.

El EUDR es el primer marco jurídico global que vincula el comercio internacional con la conservación de los bosques, imponiendo niveles inéditos de transparencia, reporte y control en las cadenas de suministro. Representa, además, un cambio de paradigma al establecer que la sostenibilidad forestal es una condición de acceso al mercado europeo.

Alcance normativo y tensiones de diseño

El EUDR es una de las iniciativas regulatorias más ambiciosas para desvincular el comercio de materias primas de la deforestación, al cubrir soya, carne de res, aceite de palma, café, cacao, cuero y madera, entre otros productos. Cada aplazamiento penaliza a empresas, en especial pymes y pequeños agricultores, que ya invirtieron en trazabilidad y cumplimiento, y premia implícitamente a quienes no lo hicieron. Persiste, además, la preocupación por efectos de desplazamiento hacia ecosistemas no cubiertos (p. ej., el Cerrado o humedales).

La prórroga exige aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Entretanto, se intensifica el debate sobre posibles simplificaciones y exenciones por país, con alta probabilidad de negociación sobre el contenido final antes de la aplicación.

Las críticas más severas enfatizan el costo ambiental de la demora. ONG como WWF y Earthsight sostienen que cada año de retraso se traduce en pérdidas forestales adicionales y emisiones considerables. En términos de “fuga”, los flujos comerciales pueden redirigirse hacia mercados menos regulados (China, India), reduciendo la eficacia global del EUDR. La señal de precio-regulación se debilita; los proyectos de trazabilidad y certificación pierden tracción; y la expansión agropecuaria puede desplazarse hacia ecosistemas no forestales no cubiertos explícitamente, con impactos igualmente críticos.

La prórroga incrementa la incertidumbre para exportadores en Brasil, Indonesia y productores africanos de cacao, pudiendo congelar inversiones privadas en sostenibilidad y aumentar la deforestación en el interregno. Los pequeños productores corren el riesgo de “costos varados” al haber invertido anticipadamente en cumplimiento, mientras que quienes no han avanzado ganan tiempo. En términos diplomáticos, el retraso debilita el liderazgo normativo de la UE y realimenta críticas sobre incertidumbre regulatoria o criterios de referencia asimétricos.

Gobernanza y responsabilidades en la implementación

Las deficiencias se atribuyen a una constelación institucional. La Comisión Europea, y en particular las direcciones implicadas, es responsable del sistema informático para declaraciones, objeto de crítica por preparación insuficiente y orientaciones tardías. En el Parlamento Europeo, el PPE y aliados han impulsado enmiendas que alargan la incertidumbre (p. ej., benchmarking de riesgo), percibidas como rebajas del estándar. El Consejo y los Estados han apoyado aplazamientos/simplificaciones, con capacidad desigual de alistamiento y ejecución fragmentada. Resultado: brechas de coordinación y asimetrías en preparación y enforcement.

América Latina: exposición, riesgos y estrategia

América Latina concentra una parte sustantiva de la oferta global en soya, carne, cacao, café, palma ymadera. La prórroga reduce el riesgo de choque inmediato en exportaciones, pero prolonga la ventana de incentivos débiles para reconversión y trazabilidad. Se prevé: (i) posible aumento de presión sobre fronteras forestales (Amazonia, Cerrado, Chocó), (ii) demora de inversiones en cumplimiento, (iii) desplazamiento comercial hacia mercados no sujetos a exigencias equivalentes, y (iv) mayor vulnerabilidad de pequeños productores y pueblos indígenas/comunidades locales ante tenencia incierta y captura de rentas.

Una evaluación de las insuficiencias en los sistemas de cooperación de la Unión Europea con países latinoamericanos en materia de deforestación revela fallas estructurales y estratégicas que agravan la vulnerabilidad regional ante el retraso de la EUDR. En primer lugar, la Unión Europea ha implementado la nueva normativa sin haber negociado ni facilitado procesos participativos amplios con los países exportadores, lo que ha sido percibido en la región como la imposición de un estándar unilateral que funciona, en la práctica, como una barrera no arancelaria al comercio. Esta ausencia de diálogo se observa, por ejemplo, en que grandes productores como Brasil y Colombia quedaron fuera de los procesos de consulta claves y de las giras de alto nivel, pese a ser socios prioritarios enormemente afectados por la regulación. 

Adicionalmente, una de las críticas principales desde la sociedad civil latinoamericana y expertos sectoriales es que la cooperación europea no ha logrado articular canales de transferencia tecnológica ni programas de financiamiento de escala suficiente para superar las graves deficiencias en sistemas de trazabilidad, registros de tierras y monitoreo efectivo en origen. Las exigencias europeas demandan cadenas extremadamente transparentes: geolocalización y documentación precisa de parcelas, evidencia de ausencia de deforestación y pruebas de legalidad, requisitos que para muchos pequeños y medianos productores resultan inasumibles sin apoyo técnico real y sostenido.

En términos operativos, la rigidez de los marcos normativos europeos y la falta de flexibilidad ante contextos institucionales y culturales muy distintos han generado respuestas defensivas o resistencia política en los gobiernos latinoamericanos, quienes han advertido precisamente que la falta de adaptación y de involucramiento de actores locales desincentiva la inversión en procesos de reconversión productiva y puede incluso inducir el abandono de sistemas de producción sostenible en favor de actividades informales con mayor impacto ambiental. El sistema de benchmarking y clasificación por riesgo, implantado desde Bruselas para asignar niveles de riesgo país, ha sido denominado por expertos latinoamericanos como “potencialmente estigmatizante” y carente de reconocimiento a los esfuerzos particulares de sectores productivos que sí están implementando mejoras en su trazabilidad y prácticas ambientales.

Finalmente, la ausencia de incentivos, subvenciones, cofinanciamiento de proyectos nacionales de adaptación y el desarrollo de mecanismos piloto adaptados a pequeña escala, ha dejado a cientos de miles de familias productoras latinoamericanas en riesgo de exclusión de las cadenas de valor europeas, con posibles efectos contraproducentes como la migración hacia actividades más agresivas en términos de cambio de uso del suelo, como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, precisamente aquellas que la UE pretende desalentar.

En suma, la falta de alineación entre los objetivos europeos y las realidades y capacidades de los países latinoamericanos, sumada a la insuficiencia y desarticulación de la cooperación técnica, política y financiera, pone en entredicho la efectividad y legitimidad de la EUDR. Esto obliga a repensar canales de cooperación internacional más simétricos, robustos y participativos para evitar el fracaso de la agenda de deforestación cero en el comercio global. 

La evidencia muestra que las deficiencias en los sistemas de cooperación de la UE con Latinoamérica tienen consecuencias cuantificables sobre la vulnerabilidad regional frente a la EUDR. Por ejemplo, en Colombia, investigaciones recientes evidencian que el 25% del ganado que llega a Bogotá proviene de municipios con zonas de alta deforestación, mientras que en municipios como Yumbo, Candelaria y Rivera, más del 60% de los animales sacrificados provienen de áreas de alta deforestación. Sin embargo, el sistema de trazabilidad nacional es insuficiente: solo identifica el municipio y la vereda, con frecuentes errores y ausencia de información de predios individuales, dificultando la verificación conforme los exigentes estándares de la UE.

Un estudio de Envol Vert y la Universidad de Wisconsin determinó que solo el 13% de los proveedores de ganado en Colombia son directos, mientras que el 65% son indirectos, hecho que dispersa la responsabilidad y diluye la trazabilidad. Además, el 1% de los actores concentra el 33% de la movilización de ganado, lo que amplía los riesgos de intermediación y dificulta el control estatal sobre el origen de la carne. Estas limitaciones técnicas impiden que Colombia, pese a poseer cerca de 29 millones de cabezas de ganado, pueda acceder al mercado europeo, pues no cumple con los requisitos sanitarios ni de trazabilidad de la EUDR. Así, el destino habitual de la carne exportada sigue siendo países con estándares más bajos y precios menos competitivos.

Este escenario no es exclusivo de Colombia. En Perú, aproximadamente el 51% de las exportaciones de café y el 30% del cacao tiene como destino la UE; sin embargo, la falta de tecnificación y la limitada formalización de la propiedad de la tierra amenazan el acceso de unas 350,000 familias a este mercado estratégico. Expertos advierten que una exclusión repentina podría incentivar el abandono de cultivos sostenibles en favor de la minería o los cultivos ilícitos, incrementando aún más la deforestación y la vulnerabilidad social.

Mientras tanto, la respuesta de la UE, en términos de inversión y apoyo, ha sido limitada frente a la magnitud del desafío. Por ejemplo, el proyecto Forest4Life recibió solo 13 millones de dólares en Paraguay y otros 33 millones para Bolivia, cifras menores considerando que la UE importó productos agroindustriales latinoamericanos por valor de más de 30,000 millones de euros en 2023. Estos fondos, además, se concentran mayoritariamente en áreas protegidas o casos piloto, sin generar efectos de escala en la transformación de cadenas de valor completas.

Finalmente, la FAO estima que entre 1990 y 2020 la región perdió más de 420 millones de hectáreas de bosques, de las que un 10% fueron asociadas al consumo de la UE. La magnitud de este impacto, sumado al hecho de que la Amazonía se acerca a su punto de no retorno ecológico, refuerza la necesidad de sistemas de cooperación más eficientes e inclusivos que el actual marco unilateral europeo.

Estas deficiencias y datos cuantitativos refuerzan el argumento de que la falta de diálogo, tecnificación e inversión adecuados por parte de la UE no solo ponen en peligro la inserción sostenible de los productos latinoamericanos en el mercado europeo, sino que también pueden estimular efectos adversos sobre los bosques y las poblaciones vulnerables de la región.

La prórroga combina realismo técnico, evitar un despliegue con infraestructura insuficiente, con riesgos políticos y ambientales no triviales. Si se utiliza para robustecer sistemas, aclarar guías y mejorar la capacidad de Estados y operadores, especialmente pequeños productores, la demora puede elevar la eficacia futura. Si, por el contrario, deviene pasarela hacia la dilución del estándar o perpetúa la incertidumbre, socavará la credibilidad de la UE, profundizará la fuga de deforestación y dejará a América Latina peor posicionada ante una eventual aplicación acelerada en 2026. La ventana existe; su aprovechamiento definirá el balance final entre exigencia ambiental y viabilidad económica.

Recomendaciones de Política: Aprovechamiento Estratégico de la Ventana de Oportunidad

La extensión de la implementación de la EUDR hasta diciembre de 2026 representa una oportunidad única para que los países latinoamericanos desarrollen capacidades institucionales y técnicas que transformen estructuralmente sus sistemas productivos y comerciales. El aprovechamiento efectivo de esta prórroga demanda acciones coordinadas, inversiones específicas y un enfoque estratégico que vaya más allá de la simple adaptación normativa.

Aprovechamiento activo de la prórroga mediante fortalecimiento institucional y tecnológico. La evidencia demuestra que países como Colombia han avanzado significativamente en georreferenciación de productos específicos, el café alcanza un 75% de trazabilidad y el cacao está completando un censo nacional con ejercicios de trazabilidad, pero persisten déficits críticos en catastro y monitoreo forestal integral. Durante esta prórroga, los gobiernos latinoamericanos deben priorizar la construcción de sistemas de información geoespacial interoperables que integren registros de tierras, monitoreo satelital y plataformas de trazabilidad. La experiencia de la OTCA, que ha desarrollado sistemas regionales de monitoreo forestal beneficiando técnicamente a ocho países amazónicos, evidencia que la cooperación regional puede generar economías de escala y transferencia de conocimientos especializados. 

Ajuste regulatorio interno estratégico para reducir la brecha de cumplimiento. La armonización de normas nacionales de uso del suelo, control forestal y ordenamiento territorial con los estándares EUDR no solo facilita el cumplimiento comercial, sino que fortalece la gobernanza ambiental interna. Colombia, que exporta productos valorados en más de 2,400 millones de euros anuales a la UE, incluyendo 400 millones de café, cacao y aceite de palma, tiene la oportunidad de convertir la EUDR en un catalizador para la formalización de tierras y la actualización del catastro multipropósito. Este enfoque puede generar sinergias positivas entre objetivos comerciales, ambientales y de desarrollo rural. 

Estructuración de alianzas público-privadas para compartir riesgos y costos de transición. La implementación exitosa de la EUDR requiere inversiones significativas que superan las capacidades individuales de productores pequeños y medianos. Las alianzas público-privadas pueden distribuir eficientemente los costos de certificación, tecnología de trazabilidad y asistencia técnica. El diseño de estos esquemas debe incorporar mecanismos de transferencia de riesgo que incentiven la participación privada mientras garanticen beneficios sociales y ambientales. La experiencia internacional sugiere que estas alianzas son más exitosas cuando combinan recursos financieros, capacidades técnicas complementarias y marcos regulatorios claros. 

Negociación inteligente con la UE para obtener asistencia técnica y financiera de transición. Los países latinoamericanos deben aprovechar la prórroga para negociar marcos de cooperación más robustos que incluyan transferencia tecnológica, cofinanciamiento de infraestructura de trazabilidad y procedimientos proporcionales para pequeños productores. Sin embargo, estas negociaciones deben evitar exenciones que debiliten la integridad ambiental de la regulación, manteniendo el equilibrio entre flexibilidad operativa y efectividad de conservación. La asistencia técnica debe centrarse en el desarrollo de capacidades locales permanentes, no en dependencias tecnológicas externas. 

Coordinación regional mediante instituciones especializadas para maximizar sinergias. La OTCA, el BID, la CAF y la OEA poseen mandatos y capacidades técnicas complementarias para liderar iniciativas regionales de trazabilidad y financiamiento climático. La coordinación entre estas instituciones puede generar posiciones técnicas conjuntas, estándares de interoperabilidad para sistemas de trazabilidad y mecanismos de financiamiento climático de escala regional. El Programa de Bosques de la OTCA, que ya coordina políticas forestales entre ocho países amazónicos, puede expandirse para incluir aspectos comerciales y de trazabilidad vinculados a la EUDR. 

Implementación de sistemas de transparencia y rendición de cuentas durante la prórroga. La legitimidad y efectividad de las políticas de transición requieren mecanismos robustos de monitoreo social que evalúen el uso de recursos, el progreso en objetivos de trazabilidad y el impacto sobre comunidades rurales. Estos sistemas deben incluir indicadores cuantitativos de avance, participación de organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de retroalimentación que permitan ajustes oportunos. 

Diversificación de mercados y agregación de valor como estrategia de mitigación de riesgos. La dependencia excesiva del mercado europeo puede crear vulnerabilidades ante cambios regulatorios futuros. Los países latinoamericanos deben usar la prórroga para desarrollar mercados alternativos, especialmente en Asia-Pacífico, y fortalecer capacidades de procesamiento local que incrementen el valor agregado de productos como café, cacao y madera. Esta estrategia no solo reduce riesgos comerciales, sino que genera empleo de mayor calificación y retiene más valor económico en la región. 

La implementación coordinada de estas recomendaciones puede transformar la prórroga de la EUDR de una simple extensión temporal en una oportunidad estratégica para el fortalecimiento institucional, la modernización productiva y la inserción competitiva sostenible en mercados globales cada vez más exigentes en términos ambientales.

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*Profesora Regulación Financiera, Universidad Externado

Fuentes relevantes

Fuentes Oficiales y Documentos Normativos

1. Comisión Europea (2023). Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
2. Comisión Europea (2025). Documento de orientación para el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR). Diario Oficial de la Unión Europea.
3. Comisión Europea (2024). «La aplicación del Reglamento EUDR sobre productos libres de deforestación se retrasa hasta diciembre de 2025». Portal oficial de acceso a mercados.

Estudios Académicos 

4. Banco Mundial (2024). «The impact of European Union deforestation regulation: four lessons for Latin America». Blog Latinoamérica.
5. SSRN Working Papers (2024). «The European Union Deforestation Regulation: The Impact on Argentina». Análisis de equilibrio general dinámico computable.
6. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA (2024). «Vínculos entre el Reglamento de productos libres de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) y las herramientas de trazabilidad: Una exploración desde el sector cafetalero de Honduras».

Organizaciones Internacionales y Cooperación Técnica

7. FAO (2024). «Latin America prepares for new trade regulations on deforestation». Workshop regional sobre experiencias y avances en implementación de regulaciones de mercado sobre deforestación.
8. GIZ (2025). «Uso de herramientas digitales de trazabilidad para la implementación de normativas europeas en Latinoamérica». Estudio sobre línea base de herramientas digitales.
9. Solidaridad Network (2025). «Cadenas agrícolas y cooperación internacional unen esfuerzos para avanzar en el cumplimiento del EUDR en Colombia».

Análisis de Política y Think Tanks

10. Heinrich-Böll-Stiftung European Union (2025). «The European Union Deforestation Regulation (EUDR) and Latin America: Perspectives on climate justice, trade and environmental protection».
11. World Resources Institute (2025). «STATEMENT: Proposed changes threaten the effectiveness of the EU Deforestation Regulation».
12. ALInvest Verde (2025). «EUDR Reglamento europeo sobre productos libres de deforestación». Programa de cooperación UE-América Latina.

Reportes Sectoriales y Empresariales

13. Luker Chocolate (2024). «Entendiendo el nuevo Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación». Caso de implementación de plataforma Luker Trace.
14. Tiba Group (2025). «Reglamento de deforestación UE: Claves sobre el EUDR». Guía para operadores logísticos.
15. Pacto Mundial España (2025). «Reglamento 2023/1115 de productos libre de deforestación y degradación forestal (EUDR)».

Estudios de Trazabilidad y Sistemas Digitales

16. EUREDD-FI/EFI (2022). «Análisis de sistemas de trazabilidad y transparencia internacional». Estudio de factibilidad para Ecuador y Colombia.
17. Universidad Nacional de Juliaca (2024). «Trazabilidad en la cadena de suministro de empresas de alimentos en Latinoamérica». Revista Pakamuros.

Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil

18. REDAF – Red Agroforestal Chaco Argentina (2025). Factsheet sobre implementación del EUDR en Argentina y riesgos de deforestación en el Chaco.
19. ActionAid Brasil (2025). Perspectivas de la sociedad civil brasileña sobre justicia climática y el EUDR. Presentación de Jessica Siviero.

Fuentes Periodísticas 

20. Mongabay en Español (2024). «La ley de la UE contra la deforestación pone presión sobre la ganadería colombiana».
21. El País (2024). «La UE llega a Sudamérica para calmar los ánimos ante la controvertida ley antideforestación».
22. S&P Global Sustainable1 (2023). «Global impact of the EU’s anti-deforestation law».

Plataformas Digitales y Herramientas Especializadas

23. INATRACE. Plataforma desarrollada por GIZ para cadenas de suministro agrícolas sostenibles.
24. MICACAO. Herramienta de trazabilidad para cacao desarrollada con Helvetas Perú.
25. SITMA. Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias de México.

Organismos Regionales

26. OTCA – Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Programas de monitoreo forestal y coordinación regional.
27. BID – Banco Interamericano de Desarrollo. Proyectos de fortalecimiento de cumplimiento de normas ambientales.